La sanción reducida

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Cuando las Administraciones Públicas notifican una sanción indican un plazo en el que se puede pagar con descuento, una sanción reducida.¿Por qué se hace eso? ¿Rebajas en la Administración? ¿Espíritu del Black Friday?

 Veamos de dónde vienen las reducciones en el importe de las sanciones y de qué se trata realmente.

La sanción administrativa

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La sanción administrativa supone el ejercicio de una potestad de la propia Administración, que consiste en castigar las conductas que supongan una desviación respecto a la legalidad vigente.

Si es exclusivamente económica, la conocemos conocemos como multa, pero hay muchos tipos de sanciones adminsitrativas.

Para ello es requisito imprescindible que se haya establecido previamente qué conductas suponen dicha desviación, -a la que llamamos infracción-, así como qué consecuencias –sanciones– se asocian a tales conductas.  A establecer ambos factores en una norma con rango de ley lo llamamos «tipificar» la infracción y la sanción.

Además, no se puede decir que nadie ha cometido una determinada infracción e imponer una sanción por ello sin el correspondiente procedimiento, aunque en algunos supuestos este procedimiento sancionador pueda ser muy sencillo de tramitar.

Cuando se recibe una sanción administrativa, sea una multa de tráfico o una sanción tributaria, por poner sólo dos ejemplos, debe recibirse la notificación correspondiente.

La notificación de la sanción

La notificación es una comunicación formal realizada por la Administración que permite dejar constancia del documento entregado, de quién y cuándo lo ha emitido, a quién va dirigido y quién lo ha recibido, así como el lugar, día y hora en que se ha entregado. Todo esto constará en el expediente sancionador correspondiente.

En esa notificación se indican los hechos que se imputan al interesado, presunto infractor -que debe ser identificado-, qué norma establece (tipifica, que decíamos antes) que tal conducta es una infracción y la sanción que corresponde, así como la concreta sanción que se impone en ese caso. 

Todo ello en un documento formal donde constará también qué autoridad u órgano administrativo la impone, los recursos procedentes, así como el lugar y forma para su interposición, y el plazo para hacerlo. Deberá indicarse, además, lugar y fecha en que se acuerda la imposición de tal sanción.

Además de todo ello, en el caso concreto de las multas, que son sanciones económicas –pecuniarias, en términos jurídicos- debe indicarse la cantidad exacta que debe abonarse y los medios admitidos para el pago. La Administración no admite el pago en efectivo salvo en muy contadas situaciones -sanciones de tráfico a personas en tránsito en España y poco más-: cuidado con eso que puede suponer una estafa.

En el caso de sanciones pecuniarias -económicas, como decíamos- se establecen reducciones en el importe a abonar por el infractor: la sanción reducida que comentábamos al principio.

Esas reducciones muy notables ya que el mínimo es del 20%, aunque muchas veces llegan al 50%. Por eso llegan multas que tienen un «descuento» si se pagan en un determinado plazo.

La sanción reducida

El artículo 85.3 Ley 39/2015 establece de forma imperativa para la Administración que “aplicará reducciones”  respecto a la cuantía de las sanciones. ¿Por qué se hace?

La idea no es nueva, sino que ya venía contemplada en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en su artículo 188. Dicha norma establece una reducción del 50% del importe de la multa o sanción si el interesado se muestra conforme con ella.

La reducción en el importe de la multa o sanción depende de que el interesado se muestre conforme con ella.

Esa es la clave de este asunto.

¿Basta con que el interesado-infractor diga “Estoy conforme con la multa o sanción? Para nada.

La conformidad con la sanción

La conformidad con la sanción no se expresa sin más sino que se manifiesta mediante actos concretos del infractor.

Esos actos consisten en el necesario desistimiento de recursos y acciones contra la sanción, así como en la renuncia a entablar nuevas reclamaciones contra el acuerdo de imposición de la sanción.

Sólo así es posible acogerse a la sanción reducida y pagar una cantidad menor de que de debería pagarse normalmente. Así que el descuento en el pago de la multa no es sólo por pagar pronto…

Es decir, que no se trata de mostrar conformidad sino de acatarla y convertirla en firme, asumiendo el compromiso de no atacarla en modo alguno. Compromiso que viene establecido en la ley como una condición que permite establecer la propia reducción a la sanción.

Además, por supuesto, hay que pagarla dentro del plazo que se haya establecido para ello. Ese plazo viene indicado en la propia notificación.

Y el pago debe hacerse a través de los medios expresamente designados en la notificación (entidades bancarias concretas).

Consecuencias de la sanción reducida

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Penitente de la Cofradía de San Millán (Segovia). O un interesado acogiéndose a la sanción reducida.

Cuando un interesado acepta beneficiarse del descuento que supone una sanción reducida está aceptando su papel de infractor. Asume que ha cometido una irregularidad expresamente contemplada en la normativa como infracción y que le corresponde la sanción que se le ha impuesto a través del procedimiento legalmente establecido.

Es decir, que él lo ha hecho mal y la Administración lo ha hecho bien castigándole por ello.

Pagar la multa con descuento implica reconocer que se ha cometido la irregularidad que decía la Administración y que no se va a discutir ni recurrir.

Para la Administración, la principal consecuencia, oficialmente, es que se mejoran los ratios de eficacia de la propia Administración. Consigue el resultado sancionador con una tramitación más sencilla que la que supondría tener que resolver los recursos. No existen los recursos, no hay que resolverlos.

También se ahorran costes a la propia Administración, lo que supone una mejora de su eficiencia. No solemos pensar en que la tramitación de la Administración cuesta dinero, pero es así: son recursos públicos -materiales y humanos, entre otros- que deben ser destinados al uso más adecuado en cada momento.

La existencia de una reducción tan importante, hasta un 50% en muchos casos, tiene un efecto disuasorio para el recurso y la protesta en los casos de sanciones de poco importe. 

En la mayoría de los casos, las personas precisan la asistencia de un profesional que redacte el recurso contra la sanción. Si la sanción es de poco importe, puede que los honorarios del profesional superen la propia sanción.

Pensemos en una sanción por mal estacionamiento de 160€. Con la reducción se quedaría en 80€. El abogado presupuestará al menos esa misma cifra, como poco. Así que el ciudadano piensa:

“Si le pago al abogado, recurrimos y perdemos tendré que pagar los 160€ de la multa más los honorarios del abogado. Pero si acepto la reducción y lo dejo estar sólo me cuesta 80€. Además, así acabo ya con este asunto mientras que recurriendo puede tardar meses en resolverse.” 

Esa línea de pensamiento es absolutamente legítima y comprensible. 

Y con ella juega también la Administración para el efecto indirecto más interesante de este asunto: el afán recaudatorio.

El afán recaudatorio de las Administraciones Públicas

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Smaug o la encarnación del afán recaudatorio

Los ciudadanos pagan sin discusión la mayoría de las multas o sanciones de reducido importe. Así que las Administraciones ingresan por este concepto una buena cantidad de dinero de un modo sencillo, ágil y rápido, sin conflictos ni litigiosidad.

A las Administraciones les interesa, por tanto, establecer sanciones de un importe tal que, aplicando la reducción, la gente acepte pagarlas con tal de no discutir. 

Aunque sea a regañadientes.  Aunque no sean las cosas como dicen las Administraciones o aunque éstas no hayan hecho correctamente el procedimiento.

A poquitos, las Administraciones consiguen recaudar mucho.

Esto es algo conocido por las Administraciones y se piensa en ello a la hora de fijar las sanciones en las normas, así como a la hora de imponer las concretas sanciones en un determinado procedimiento.

Para las Administraciones es mejor cobrar rápido y sin discusión una pequeña suma que una cantidad que no se aleja mucho de esa. 

Con los importes de sanciones elevados cuentan con que, seguramente, serán objeto de discusión y tardarán en ingresarlos. Por tanto, tratan de agilizar el cobro de las multas de bajo importe, e incentivan su pago rápido mediante la figura de la sanción reducida.

Así concentran los recursos en las infracciones más graves, que suponen mayor vulneración del ordenamiento, mayor riesgo para la convivencia y sanciones más elevadas.

La realidad de los recursos

Cuando se recurre ante la propia Administración una infracción pequeña, de importe económico reducido, se suele recibir una respuesta estereotipada, de formulario. Algo así como: 

“Atendido el recurso planteado por el interesado y vistas las alegaciones y pruebas aportadas al expediente, no se aprecian elementos suficientes para alterar la calificación de los hechos inicialmente realizada por el órgano administrativo competente, por lo que se acuerda confirmar la legalidad, oportunidad y validez de la sanción inicialmente interpuesta y notificada.”

Sin entrar a valorar en concreto los argumentos del interesado, mediante una respuesta genérica, se desestiman sus alegaciones y se confirma la multa o sanción. Es decir: «Para seguir discutiendo, acuda usted a los tribunales.»

Existen numerosas sentencias judiciales y resoluciones administrativas que demuestran que las Administraciones Públicas se equivocan, cometen errores, tramitan incorrectamente procedimientos, vulneran derechos de los ciudadanos…

Pocas veces se recurren las sanciones de baja cuantía, porque la mayoría de las personas prefieren dejarlo estar. 

Pero la realidad demuestra que en la mayoría de situaciones, tras el adecuado estudio previo de viabilidad por un profesional, muchas sanciones quedan archivadas debido a la incorrecta actuación de las Administraciones.

La sanción reducida es un mecanismo legal con que cuentan las Administraciones para cobrar rápido y sin discusión los importes de las multas que imponen.

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