Empleos públicos en fraude

Hay miles de casos de empleos públicos en la sanidad pública española en fraude de ley. En fraude de procesos selectivos, que no se convocan. En fraude de sus derechos como trabajadores, que ven negada su estabilidad en el puesto pese a que, en muchos casos, lo vienen ocupando desde hace años.

La mala gestión de los responsables de la Administración Sanitaria es la culpable de estas situaciones irregulares, que venimos padeciendo tanto los usuarios de la sanidad pública como sus trabajadores. De nuevo, han tenido que ser los tribunales quienes intervengan y se pronuncien contra las irregularidades en el empleo público.

El caos que estas irregularidades provoca supone plantillas de personas trabajando juntas, con las mismas categorías profesionales y responsabilidades, pero con regímenes jurídicos muy diferentes: funcionarios, personal estatutario indefinido, estatutarios temporales, contratos de sustitución que se van renovando sistemáticamente…

Hay situaciones que pueden justificar esas diferencias: si una persona aprueba una oposición y se convierte en funcionario o personal indefinido, adquiere una serie de derechos que alguien –por ejemplo-que viene a cubrir una baja por materinidad de cuatro meses no tendrá. Es lógico y razonable, por tanto, que existan diferentes tipos de empleos públicos.

Lo que no es justificable es que una misma persona vaya encadenando durante años contratos temporales con la Administración sin adquirir antigüedad ni otros derechos: ese carácter de funcionario interino recurrente o permanente no es legal. Si eso se hiciera en una empresa privada sería sancionable por la Inspección de Trabajo sin discusión alguna, y es que la Administración exige al ámbito privado más de lo que ella misma cumple.

No ha sido el Tribunal Supremo, sino el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-León, el que ha dictaminado que, aquellos empleos públicos de carácter temporal en que las personas puedan acreditar una sucesión de vínculos laborales con la Administración con larga trayectoria, pueden reclamar ser conocidos como personal de carácter indefinido no fijo.

Aparte de la estabilidad que eso supone para el ánimo de cualquier trabajador en los tiempos que corren, les permitiría cobrar indemnización a esos interinos en caso que sus puestos de trabajo se vieran cubiertos (por procesos selectivos) o amortizados (cancelados).

Y es que las personas, sean usuarios o trabajadores, no tienen por qué sufrir las consecuencias de una mala gestión por parte de la Administración.

Hablar de empleos públicos es muy serio. Aquellos empleados públicos que se encuentren en esta situación, o crean estarlo, deben contactar con un abogado experto en estas materias para buscar su asesoramiento. El criterio de antigüedad que se está manejando, en general, es de tres años: con tres años de servicios a la Administración en esta situación irregular, cabe reclamar que se le convierta en indefinido, conforme a este criterio judicial.

Cualquier trabajador en esa situación debería reclamar la regularización de su situación sin esperar a que lo cesen del puesto: si esperara, podría llegar a obtener una indemnización pero difícilmente podría recuperar su puesto en el empleo público.

El acento se pone en esa larga duración de su relación de empleo público con la Administración, sin importar si es de carácter funcionarial, como personal laboral o estatutario de carácter temporal ya que lo decisivo es esa sucesión de contratos en fraude de ley que han superado el marco temporal de lo razonable y justificable.

Si bien la cuestión, como hemos apuntado antes, no ha sido objeto de un pronunciamiento del Tribunal Supremo, es destacable el criterio defendido en Castilla-León, perfectamente trasladable a cualquier parte del territorio nacional.

No importa que sea usted personal temporal en la Administración: existen normas que deben cumplirse respecto a los derechos de los empleados públicos, y puede reclamar sus derechos.